El gremio de la abogacía tiene diferentes tipos de responsabilidad: civil, criminal y deontológica. Hace unas semanas ya abordamos en este apartado de actualidad sobre la responsabilidad civil de los abogados. Sin embargo, hoy debemos analizar la responsabilidad criminal que los profesionales de la abogacía podemos cometer bien por dolo bien por imprudencia grave, y que el Código penal tipifica como delito de deslealtad profesional. En concreto es el art. 467 CP el que tipifica las conductas delictivas que pueden atribuirse tanto al abogado como al procurador : “1. El abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años”. Como es de ver este primer ejemplo versa sobre defender en el mismo “asunto” a la parte contraria, lo cual, técnicamente es imposible, ya que el abogado o procurador de una parte procesal que tenga intereses “contrarios” con la adversa, difícilmente va a contratar a un abogado o procurador que, precisamente, ya está defendiendo a la parte contraria. El precepto legal indicado, en su apartado 2º indica : “2. El abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años”. Este precepto tipifica la acción o la omisión de “perjudicar de forma manifiesta” los intereses que tiene su propio cliente. Y en concreto, el siguiente apartado contempla la modalidad imprudente que indica “Si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de seis meses a dos años”. Es decir, la modalidad dolosa requiere “perjudicar de forma manifiesta” mientras que la forma imprudente requiere que sea “grave” dicha imprudencia, motivo por el cual, el abogado o el procurador deberán haber dejado de observar de forma meridianamente clara la normativa de “lex artis” del abogado para entender que concurre dicha imprudencia grave.

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