El delito de desobediencia grave está contemplado por el Código Penal. Quien comete este delito es o puede ser cualquier autor que atente contra el principio de autoridad. Ahora bien, debemos reflexionar si un abogado defensor puede incurrir en esta conducta delictiva y ello derivado de una actuación profesional.Aquí dejamos el texto del artículo doctrinal publicado:

¿ Puede un abogado cometer un delito de desobediencia por ejercitar el derecho de defensa de un ciudadano?

I.- Planteamiento del problema jurídico.

II.- Obligaciones del abogado para con el cliente : derecho a la asistencia letrada.a)Diferencias entre defensa y representación.b)Obligaciones constitucionales.c)Obligaciones colegiales.

III.- Obligaciones del abogado para con la Administración de Justicia.

IV.- Sobre el delito de desobediencia del art. 556 CP.

a)Ejecución forzosa de las penas.

b)Derecho a la asistencia letrada durante la fase de ejecución de sentencia.

c) ¿ Es necesaria la colaboración activa del condenado para la ejecución de las penas ?.

V.- Principio de intervención mínima del Derecho Penal.

VI.- Conclusiones.

I.- Planteamiento del problema jurídico.

En fechas recientes he tenido conocimiento que un abogado era acusado por la Fiscalía de Tarragona como autor de un delito de desobediencia. La Fiscalía sostenía que con motivo de la actuación procesal durante una defensa de un ciudadano en una ejecutoria penal, el abogado había cometido un delito de desobediencia. Del mismo modo también era acusado de desobediencia el ciudadano el cual estaba defendido en esta ejecutoria, y además se extendía la acusación a otro joven abogado del bufete del abogado defensor en dicha ejecutoria. Una vez celebrado el juicio oral, el Ministerio Público retiró la acusación contra el abogado colaborador del bufete, al quedar claro que el director de la defensa era el abogado designado, y que el este compañero abogado simplemente ejercía una colaboración puntual siguiendo las directrices del abogado designado. En todo caso, la Fiscalía mantuvo la acusación contra el ciudadano condenado en aquella ejecutoria, insistiendo en que había cometido un delito de desobediencia. En el mismo sentido, se mantuvo la acusación por un delito de desobediencia contra el abogado defensor en la ejecutoria penal.

El relato del Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones ponía de manifiesto que durante 3 años y medio en que se tramitó la ejecutoria (de Noviembre de 1999 hasta Marzo de 2003) el ciudadano cliente no entregó el permiso de conducir para iniciar el cumplimiento de una pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor. El Ministerio Fiscal describía en su escrito de conclusiones las actuaciones procesales efectuadas en dicha ejecutoria: 3 peticiones de indulto, así como 3 peticiones de suspensión de ejecución de la pena con motivo de la aplicación del art. 4.3 y 4.4 Código Penal (CP a partir de ahora), pero en el escrito de conclusiones provisionales se silenciaba que el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución acordó por dos veces, mediante resolución judicial, la suspensión de la ejecución de la condena privativa de derecho a conducir vehículos a motor. El escrito de conclusiones de la Fiscalía insistía en que el ciudadano defendido por el abogado en dicha ejecutoria no entregó físicamente el carnet de conducir a pesar de haber sido requerido para ello, bajo la advertencia de desobediencia, sin embargo esta afirmación no era ajustada a la realidad procesal de la ejecutoria. En efecto, el ciudadano jamás fue requerido personalmente bajo advertencia de cometer desobediencia para que entregase el permiso de conducción de vehículos a motor.En el escrito de conclusiones provisionales posteriormente elevado a definitivas en relación al ciudadano así como al Letrado defensor, no se describía la conducta concreta en la cual se fundamentaba la condena como autor de un delito de desobediencia del Letrado. Sin embargo, tal escrito de conclusiones hacía una labor descriptiva de los escritos presentados en la ejecutoria por el procurador de los tribunales que representaba al ciudadano (por cierto, el procurador no fue acusado de delito alguno) desde noviembre de 1999 hasta marzo de 2003. Una vez situado el problema jurídico objeto de este estudio, pasamos a analizar la relación que existe entre abogado y el justiciable que le contrata, es decir, su cliente.

II.- Obligaciones del Abogado para con el cliente : derecho a la asistencia letrada.El derecho a la asistencia de Letrado es un derecho constitucional que dimana del art. 24.2 Constitución Española (CE a partir de ahora). Este derecho persigue un doble fin :

a)Garantizar que las partes puedan actuar en el proceso de la forma más conveniente para sus derechos e intereses jurídicos, y defenderse debidamente contra la parte contraria (Sentencia del Tribunal Constitucional (STC a partir de ahora) nº 18/1995, de 24 de Enero –Fundamento Jurídico (FJ a partir de ahora) 2º-, STC 129/1993, de 19 de Abril –FJ 3º.) y

b)Asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, que imponen a los órganos judiciales el deber positivo, de evitar desequilibrios entre la respectiva posición de las partes o limitaciones en la defensa que puedan conducir a algunas de ellas a un resultado de indefensión (STC 92/1996, de 27 de Mayo –FJ 3º-, STC 29/1995, de 6 de Febrero –FJ 4º-, entre otras) . Por lo tanto este derecho tiene una especial relevancia, y si bien existen algunos tipos de procedimientos en los cuales la asistencia letrada no es preceptiva (juicios verbales de falta), sin duda, que la asistencia de letrado es más que aconsejable para que los justiciables de forma efectiva y eficiente puedan estar convenientemente defendidos.Los abogados ejercen la dirección y defensa de las partes, asesoramiento o consejo jurídico (art. 542.1 Ley Orgànica del Poder Judicial, LOPJ a partir de ahora) y para tales funciones son libres e independientes (art. 542.2 LOPJ).

El Estatuto General de la Abogacía española (aprobado mediante Real Decreto nº 658/2001) regula los derechos y deberes (arts. 30 y ss) volviendo a destacar la libertad e independencia (art. 33.2). En concreto el art. 42 Estatuto General de la Abogacía española (EGA a partir de ahora) regula las obligaciones del abogado para con su cliente (“parte por él defendida”), que son “

1. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional;

2. El abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad;

3. En todo caso, el abogado deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su caso, correspondan”. Debemos destacar que la obligación de “cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada” es una de las funciones esenciales del abogado. La forma de llevar a cabo la “misión de defensa” es realizando diligentemente las actividad profesionales con atención a las exigencias técnicas por un lado y exigencias deontológicas y éticas por otro. Dentro de las exigencias técnicas los abogados deben de conocer las leyes (procesales y sustantivas) y singularmente en el plano del conocimiento de leyes procesales se encuentra el deber de ejercitar los recursos procesales dentro del plazo legalmente previsto para ellos.Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo (STS a partir de ahora) de 20 de Mayo de 2014 (Sala Primera) nº 283/2014, analizó la posible negligencia de un abogado defensor, y puso de relieve el siguiente contenido : “Como recuerda la jurisprudencia (entre las más recientes, STS de 5 de junio de 2013, rec. nº 301/2010 y las que en ella se citan), la relación contractual existente entre abogado y cliente se desenvuelve normalmente en el marco de un contrato de gestión que la jurisprudencia construye, de modo no totalmente satisfactorio, con elementos tomados del arrendamiento de servicios y del mandato ( SSTS de 14 de julio de 2005, rec. nº 971/1999 ; 30 de marzo de 2006, rec. nº 2001/1999 ; 26 de febrero de 2007, rec. nº 715/2000 ; 2 de marzo de 2007, rec. nº 1689/2000 ; 21 de junio de 2007, rec. nº 4486/2000 , y 18 de octubre de 2007, rec. nº 4086/2000 )”. En este marco jurisprudencial, se define como relación contractual la que existe entre abogado y cliente, siendo un contrato de gestión o de arrendamiento de servicios e incluso del mandato. Esta STS de 20 de Mayo de 2014 sigue razonando en relación con las obligaciones profesionales del profesional de la abogacía : “Con relación a estas obligaciones del abogado, también declara la jurisprudencia ( STS de 22 de abril de 2013, rec. nº 2040/2009 ) que el deber de defensa judicial debe ceñirse al respeto de la lex artis [reglas del oficio], esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos ( STS de 14 de julio de 2005 )”.

Es decir, la relación entre abogado y cliente es una relación compleja, ya que va más allá de una simple relación contractual. En efecto, el abogado tiene que conocer la lex artis (reglas del oficio) y además cumplir con lealtad y honestidad el encargo recibido por el ciudadano. El abogado, por lo tanto, debe tener unos conocimientos jurídicos que van más allá de la obtención de una titulación universitaria, ya que el ordenamiento jurídico no es un ente estanco y estático, por cuanto avanza y se modifica en función de los movimientos y necesidades sociales. En el caso concreto de un abogado defensor el deber de conocer la ley sustantiva es igual de importante que conocer la ley adjetiva, para poder ejercitar una adecuada defensa de los derechos de su cliente.En el caso concreto de que un ciudadano encargue una defensa jurídica en el ámbito de un procedimiento penal que se encuentra en fase de ejecución de sentencia condenatoria, sin duda, el ejercicio de esta defensa requiere que el abogado sea especialmente leal y honesto. Dentro de la honestidad, podemos encuadrar el deber de informar con la mayor seriedad las posibilidades de éxito y de fracaso –como reclama la jurisprudencia del TS-. En efecto, los intereses en juego en fase de ejecución de sentencia penal condenatoria pueden ser el de cumplir las penas impuestas en sentencia (privativa de libertad, privativa de otros derechos, pecuniarias…), y el encargo profesional que hará el ciudadano al abogado defensor será tratar de no cumplir las penas, o en su caso tratar de que el cumplimiento sea lo menos gravoso para el ciudadano.

a)Diferencia entre defensa y representación.La profesión de abogado es la que se encarga de defender los derechos y los intereses de los ciudadanos, mientras que la profesión del procurador de los tribunales es la encargada de la representación procesal. Ambas profesionales son complementarias, y no puede ni debe de confundirse el rol del abogado con el del procurador y viceversa. La Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece en los arts. 23 y siguientes las definiciones legales de ambas profesiones. En el procedimiento penal el abogado siempre defiende, y la representación la ostenta siempre el procurador de los tribunales. Sin embargo, existe una excepción relativa a que los abogados durante la fase de instrucción del procedimiento de diligencias previas pueden representar a los imputados (art. 768 LECrim ).

Para el caso que nos ocupa, hemos de indicar que en fase de ejecución penal las resoluciones siempre serán notificadas al procurador de los tribunales, y nunca al Letrado. El abogado defensor recibirá las notificaciones de manos del procurador, y será en un momento posterior en el que decidirá si recurre o no las resoluciones que vayan recayendo.b)Obligaciones constitucionales.Hemos hablado antes del doble fin del derecho a la asistencia letrada.

(a)Garantizar que las partes puedan actuar en el proceso de la forma más conveniente para sus derechos e intereses jurídicos, y defenderse debidamente contra la parte contraria y

b)Asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, que imponen a los órganos judiciales el deber positivo, de evitar desequilibrios entre la respectiva posición de las partes. Entendemos que la debida cualificación técnica del abogado es imprescindible e inseparable del derecho a la asistencia letrada.

El Tribunal Constitucional ha dictado numerosas sentencias relacionadas con la profesión de la abogacía y el ejercicio del derecho de defensa por parte de estos profesionales, relacionando el derecho del art. 20.1 a) CE a la libertad de expresión con los derechos de defensa de la parte (art. 24 CE) (STC 79/2002, de 8 de Abril de 2002, VOTO PARTICULAR). Sin embargo, de esta misma STC pone de manifiesto la existencia de otra STC 184/2001, FJ 6ª, que pone de relieve las exigencias de deben cumplir los abogados y que consisten en que no atenten “contra la imparcialidad del Juez o Tribunal, con clara infracción de las obligaciones procesales de actuación en el proceso con corrección, buena fe y sin provocar dilaciones indebidas”. Es indiscutible que un profesional debe actuar dentro del proceso con la debida corrección y educación para con el Juez o Tribunal, siempre dentro de las reglas de la buena fe (art. 11.1 LOPJ).

La alusión que contiene esta STC sobre prohibición de la provocación de dilaciones indebidas por parte de un abogado, queremos destacar que no es viable que un abogado cause dilaciones indebidas. En efecto, los abogados como defensores de las partes procesales tenemos plazos que cumplir, y estos plazos procesales acostumbran a ser de días (por ejemplo, tres días para ejercitar un recurso de reforma o de súplica, o cinco días para un recurso de apelación, o diez días para un recurso de apelación contra sentencia…). Si un letrado presenta a través del procurador un recurso fuera del plazo legalmente previsto, este recurso no será admitido a trámite. Resulta complicado de entender cómo puede causar “dilaciones indebidas” un abogado defensor, pero indiscutiblemente rechazamos de plano que la causación de tales dilaciones pueda ser mediante el ejercicio de los recursos procesales contra las resoluciones judiciales. Entendemos que no hablamos de dilaciones indebidas cuando un abogado actúa con clara inobservancia del principio de buena fe procesal (art. 11.1 LOPJ) o con claro abuso de derecho o fraude de ley (art. 11.2 LOPJ). A efectos meramente ilustrativos queremos citar la STS de 26 de Junio de 2012, nº 578/2012, Sala Segunda, que indica que presentar una recusación de un magistrado fuera de plazo, y esperando al inicio de la vista de juicio oral no es “conciliable con la buena fe procesal”.

c)Obligaciones colegiales.Existe una normativa aplicable a los abogados que va desde la Ley Orgánica del Poder Judicial, el EGA, y en el caso de los abogados catalanes una Normativa de la Abogacía Catalana (NAC a partir de ahora). Dentro de este marco normativo, se desprende la existencia de numerosas obligaciones del abogado para con el cliente, pero que a grandes rasgos son las siguientes: libertad de aceptar un cliente (art. 19 NAC) , obligación de informar al cliente sobre “posibles resultados” (art. 20.1 b) NAC), informar sobre el “coste previsible” del encargo (art. 20.1 c) AC), informar sobre las “actuaciones realizadas y resultados” (art. 20.1 c) NAC). Por lo tanto, es indiscutible que la relación entre el abogado y el cliente debe ser especialmente intensa, por cuanto el cliente tiene el derecho de ir conociendo las “actuaciones realizadas y los resultados” durante toda la tramitación de la defensa jurídica. Estas obligaciones recogidas por los arts. Del NAC encajan en parte con las obligaciones que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo : “informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos ( STS de 14 de julio de 2005 )”.

La lealtad y la honestidad en el desempeño del encargo defensivo en una fase de ejecución de sentencia, sin duda, pasan por tratar de evitar el cumplimiento de las penas más graves (la privación de libertad o privación de derechos) o en su caso, tratar de sustituir el cumplimiento de las penas por otras penas menos gravosas (por ejemplo : la sustitución de la pena de prisión por pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad).

Ahora bien, como antes hemos puesto de manifiesto, no podemos perder de vista que será el procurador el receptor de las resoluciones judiciales que vayan dictándose, y posteriormente éste las hará llegar al abogado defensor.Este matiz es importante, ya que habitualmente muchos procuradores ni siquiera conocen a sus representados, por ser una práctica habitual que sea el abogado quien elige el profesional que ostentará la representación, si bien siempre el justiciable tendrá que otorgar poder para pleitos para que tal representación surta efectos.Finalmente, el abogado tiene la obligación de conocer la lex artis, y tiene el deber de aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos (tanto legales, como doctrinales, como jurisprudenciales).

III.- Obligaciones del abogado para con la Administración de JusticiaEn los arts. 36 y ss EGA se regulan los derechos y deberes “en relación con los Tribunales” , y además la LOPJ prohíbe la formulación de peticiones con “manifiesto abuso de derecho” o con “fraude de ley o procesal” (art. 11.2 LOPJ). Además, existe una regulación específica para sancionar a abogados y procuradores (art. 552 a 557 LOPJ) si se incumplen obligaciones de la LOPJ (art. 552 LOPJ) o si se cometen cualesquiera de las cuatro actuaciones previstas en el art. 553 LOPJ .

El abogado representa un baluarte dentro de la Administración de Justicia, ya que de forma independiente a ella defiende los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, debemos de tener claro que el abogado defensor ante todo tiene que ser independiente para poder defender técnicamente los derechos e intereses de los ciudadanos que le contratan. Dentro de esta independencia está el derecho del abogado a plantear el recurso procesal correspondiente contra las resoluciones judiciales que se dicten. En efecto, el abogado defensor no puede obviar la existencia de recursos procesales previstos en las leyes procesales y que, dentro del plazo legal, deben de ejercitarse para agotar la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda rectificar un pronunciamiento erróneo, o en su caso acudir a un órgano superior para que revise los pronunciamientos desfavorables que haya dictado en primera instancia un órgano jurisdiccional. Entendemos que no puede exigirse a un abogado que por ser leal al juzgado o tribunal deje de recurrir determinadas resoluciones desfavorables a los intereses de su defendido.

En efecto, el abogado tiene el deber de lealtad y honestidad hacia su cliente, y por ello no puede dejar de recurrir resoluciones desfavorables, ni mucho menos consentir la firmeza de las mismas, sin ejercitar los recursos procesales.

Recordemos que la actuación procesal defensiva debe de llevarse a cabo bajo el principio de buena fe, y sin caer en abusos de derecho o fraudes de ley, como exige el art. 11.1 y 11.2 LOPJ. La jurisprudencia ha venido catalogando como falta de respeto a la buena fe procesal: la ocultación de información al tribunal o a las demás partes del proceso; el ir en contra de los propios actos, intentando desdecirse de actuaciones procesales anteriores; las alegaciones en sentido dilatorio (Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Julio de 1995). Ahora bien, es matizable que la ocultación de información al tribunal o a las demás partes del proceso sea catalogable como de mala fe, ya que no podemos perder de vista que uno de los deberes fundamentales del abogado para con su cliente es el deber de secreto profesional.En este escenario defensivo, tomar en consideración el punto de partida de la Fiscalía de Tarragona de llegar a formular acusación contra dos abogados en ejercicio por delito de desobediencia es poco más que atrevido, y claramente constituye una posible injerencia en el derecho de defensa de los ciudadanos. Que la Fiscalía haya podido entender que dos abogados defensores pueden cometer un delito de desobediencia por solicitar la gracia de indulto ante el Ministerio de Justicia, y solicitar la suspensión de la ejecución de una pena, sin duda, es absolutamente sorprendente. Si analizamos el delito de desobediencia veremos las razones por las cuales podemos tildar de sorprendente una acusación como la efectuada por el Ministerio público.IV.- Sobre el delito de desobediencia del art. 556 CP.El delito de desobediencia viene regulado en el art. 556 CP en el cual se dice que “Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año”. Por lo tanto, la conducta típica consiste en desobedecer, y a pesar de pertenecer al lenguaje corriente el verbo desobedecer, la doctrina indica que experimenta una variación al estar incorporado a un contexto de carácter jurídico .Además, la conducta desobediente debe ser grave, ya que el adverbio “gravemente” que consta en el tipo penal así lo exige.El sujeto activo del delito puede ser cualquiera (“los que”) que se encuentre legalmente llamado a obedecer la orden o mandato que emana de la autoridad. Las características que ese mando u orden debe reunir son dos: a) Que sea expreso, determinante y claro y b) Que imponga al particular una conducta activa u omisiva indeclinable, es decir que la misma sea de obligado cumplimiento para éste y para ello es indispensable que tal mandato sea dictado por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones y que tal requerimiento no pueda calificarse como antijurídico . El delito de desobediencia es un delito de propia mano, dentro de esta categoría, cabría incluirlo dentro de los que Roxin denomina «delitos de propia mano impropios», los cuales se caracterizan, según este autor, porque en ellos la exigencia de realización personal y directa de la acción descrita en el tipo se deriva de la existencia de un deber altamente personal. De forma que sólo podrá ser autor de tales delitos quien infringe este deber personal, mediante la realización personal y directa de la conducta típica. La conducta descrita en el artículo 556 del Código penal consiste en desobedecer gravemente a la autoridad y sólo podrá desobedecer a la autoridad aquél a quien se dirige la orden o mandato, esto es, el obligado a cumplir el contenido de dicha directiva. Si analizamos el punto de partida de este estudio : un abogado en ejercicio acusado de desobediencia porque un cliente –no requerido personalmente- no entregó un carnet de conducir, y lo ponemos en relación con la conducta tipificada como desobediencia grave, no alcanzamos a comprender que la Fiscalía haya podido subsumir la actuación de un abogado (que no era el sujeto obligado a cumplir el mandato judicial, es decir, la pena impuesta en sentencia) como propia de un delito del art. 556 CP. En efecto, un tercero ajeno a la orden que emana de la autoridad judicial no puede ser autor material de este tipo delictivo.La jurisprudencia ha venido perfilando este tipo delictivo indicando que para que sea posible aplicar el tipo penal de desobediencia es preciso que la orden o mandato haya sido comunicada al sujeto obligado por medio de un requerimiento (STS de 10 de Julio de 1992, RJ 1992, 6667), y se afirma que la base y requisito indispensable y esencial para que pueda ser cometido el delito de desobediencia radica en la existencia de una orden o mandato directo, expreso y terminante dictado por la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, que sea conocido real y positivamente por quien tiene la obligación de acatarlo y no lo hace. El requerimiento debe ser entendido como una notificación en sentido amplio, ya que tiene por objeto hacer saber al administrado el contenido de una resolución judicial, si bien con el apercibimiento de proceder contra aquél por el delito de desobediencia . La STS de 5 de Junio de 2003, nº 821/2003 exige para que concurra el delito de desobediencia grave “el conocimiento real y positivo, por parte del obligado de la resolución u orden prohibitiva, y la existencia de un requerimiento por parte de la autoridad, hecho con las formalidades legales”. En el mismo sentido el autor MUÑOZ CONDE sostiene que “el concepto mismo de desobediencia exige en el tipo subjetivo el conocimiento de la orden o mandato de la autoridad y la voluntad de desobedecer o resistir a pesar de ello, lo que implica que el destinatario de la orden haya sido requerido de algún modo, personal y directamente, a realizar una determinada conducta o a abstenerse de hacerla” .Para que sea posible aplicar el tipo penal de la desobediencia es esencial que la orden o mandato emanado de autoridad en el ejercicio de sus funciones haya sido comunicada al sujeto obligado por medio de requerimiento personal y directo . La exigencia de requerimiento formal exige que el mismo se practique en legal forma, es decir, en la forma prevenida por la Ley de que se trate. Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija en los arts. 166 y ss la forma legal en la que han de practicarse las notificaciones, citaciones y emplazamientos. Llegados a este punto debemos de plantearnos si en sede de una ejecución penal de sentencia firme, el condenado puede cometer delito de desobediencia grave cuando no cumpla voluntariamente con las penas impuestas. Además, y para no perder de vista el objeto de estudio, tenemos que plantearnos si el abogado defensor del condenado puede cometer el delito de desobediencia a la par que el ciudadano condenado. a)Sobre la posible ejecución forzosa de las penas.En primer lugar hemos de plantearnos que para que exista una sentencia penalmente ejecutable, la misma debe ser firme. Es decir, contra esta sentencia no debe caber ningún recurso ordinario. En este escenario procesal es cuando nos podremos plantear que la ejecución da inicio, partiendo de la base de que existe una condena firme a ejecutar por parte del órgano jurisdiccional. La LECrim regula en los arts. 983 a 998 la ejecución de sentencias para el procedimiento ordinario sumario, y en el art. 794 para el procedimiento abreviado. De una lectura atenta de estos preceptos legales se deduce que el Juez o Tribunal que debe ejecutar la sentencia firme tiene la obligación de “adoptar sin dilación las medidas necesarias para que el condenado ingrese en el establecimiento penal” (art. 990 LECrim). Es decir, en el caso de penas privativas de libertad la ley procesal contiene un mandato expreso para el órgano jurisdiccional que consiste en adoptar las medidas para que el condenado ingrese en prisión. Ahora bien, este mandado no es incompatible con la posible aplicación de los beneficios suspensivos y sustitutivos de la pena de prisión, previsto también en la legalidad vigente (arts. 4, 80, 81, 86, 87 y 88 CP). Para la ejecución de la pena privativa de derecho del permiso de conducción el anterior art. 798.2 contemplaba la “inmediata retirada … y remitiendo mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena”. El vigente art. 794.2 LECrim indica (desde la redacción dada en el año 2003 a este precepto legal) : “En los casos en que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, el Secretario judicial procederá a la inmediata retirada del permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada, dejando unido el documento a los autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena”, lo que pone de relieve que la ejecución de esta pena privativa del derecho a conducir con retirada del permiso tiene que hacerse de forma inmediata, siendo el secretario judicial quien lleve a cabo tal retirada. Ahora bien, debemos de plantearnos esta cuestión : ¿ puede y debe el Secretario judicial requerir a un condenado para que entregue el permiso de conducir bajo advertencia de que en caso de no efectuar la entrega comete delito de desobediencia ?. Para poder responder a esta pregunta tenemos que acudir a una interpretación sistemática de los preceptos que regulan la institución de la ejecución penal, ya que ningún precepto legal contempla la posibilidad de que el secretario judicial requiera a un condenado para que entregue el carnet de conducir físicamente. En efecto, y a modo ilustrativo, entendemos que si un condenado incumple una sentencia penal que contiene una pena de prisión, y no se presenta voluntariamente para iniciar el cumplimiento en el centro penitenciario, el Juez o Tribunal acordará el ingreso forzoso del condenado (art. 990 LECrim). Es por ello que, si para penas privativas del derecho a la libertad deambulatoria se contempla la ejecución forzosa, del mismo modo entendemos que si un condenado no entrega voluntariamente el permiso de conducir al secretario judicial, inmediatamente, se puede acordar la incautación forzosa, y paralelamente se oficiará a Jefatura Central de Tráfico para que se efectúen las anotaciones legalmente exigibles (art. 794.2 LECrim). No se contempla en el texto de la ley procesal vigente que tenga que requerirse al penado para que entregue el permiso de conducir, ya que se habla de “retirada” del mismo por parte de la Administración de Justicia, y no consta en el precepto legal que sea el penado quien tenga que entregar el permiso de conducir. Por lo tanto, entendemos que con una interpretación literal del precepto no puede exigirse al condenado una actuación de entrega del carnet y sí de una retirada por parte del secretario judicial. Un primer paso puede ser solicitar la entrega al condenado, y en caso de no entrega voluntaria se adoptarán las medidas necesarias para que el documento sea retirado. En efecto, del mismo modo que en las penas de prisión una primera actuación puede ser el ingreso voluntario en el centro penitenciario para cumplir una condena de prisión, pero en caso de que no exista tal presentación voluntaria, el siguiente mandato judicial será una orden de detención del condenado e inmediato ingreso en prisión.Más claro es el supuesto de impago voluntario de la pena de multa, ya que el art. 53 CP regula la sujeción a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. En efecto, esto significa que no se necesita ningún tipo de actuación voluntaria del condenado al pago de multa, ya que en caso de impago se acuerda la sustitución por pena de prisión (privación de libertad) de forma automática.

En cualquier caso, y volviendo a la cuestión relativa a si el penado puede ser requerido por el Secretario judicial para que presente su carnet de conducir de forma física en la secretaría judicial, debemos destacar que la orden o mandato de requerimiento deberá ser conocida de forma directa y personal por el ciudadano condenado. En todo caso, no podemos perder de vista la previsión del art. 182.2 LECrim : “Las notificaciones, citaciones y emplazamientos podrán hacerse a los Procuradores de los Tribunales. Se exceptúan : 2º .- Las
otificaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria de estos”, y es por ello que el secretario judicial deberá de notificar personalmente al ciudadano la existencia de tal requerimiento. Por lo tanto, no será admisible el requerimiento a través de la representación procesal –es decir, el procurador de los tribunales-, porque no se tendrá la certeza absoluta de que el contenido del requerimiento llegue al destinatario final.En este escenario tenemos que plantearnos qué función desarrolla el abogado defensor del condenado, como pasamos a efectuar en el siguiente apartado.b)Derecho a la asistencia letrada durante la fase de ejecución. Como hemos apuntado en el apartado anterior, que una sentencia sea firma y ejecutable no impide que el condenado pueda tratar de optar a la aplicación de determinados beneficios que, en ocasiones, pueden provocar que la condena no se cumpla en los estrictos términos previstos en el fallo de la sentencia condenatoria penal. En efecto, el abogado durante la fase de ejecución sigue personado en el procedimiento con la misión de defender los derechos e intereses del ciudadano, y el procurador sigue recibiendo las notificaciones que se dicten (autos, providencias, decretos o diligencias de ordenación). Estas resoluciones procesales que se dicten irán encaminadas a la ejecución de la sentencia, y podrán ser combatidas mediante los recursos legales previstos en las leyes procesales (recursos de reforma y apelación, o recursos de revisión). Además, el letrado defensor podrá redactar escritos solicitando la concesión de beneficios suspensivos o sustitutivos de penas de prisión (arts. 80, 81, 87 y 88 CP) o de fraccionamiento en el pago de multas (arts. 50 y ss CP), o de suspensión de ejecución por mediar solicitud de indulto (arts. 4.3 y 4.4 CP). Por lo tanto, durante la fase de ejecución existe una real actividad procesal, y el derecho a la asistencia de letrado sigue siendo un derecho del ciudadano condenado.El abogado tiene la obligación de recurrir aquellas resoluciones que sean desfavorables a los intereses del ciudadano que defiende (art. 30 EGA), ya que la inactividad procesal por parte del abogado puede ser objeto de sanción colegial por infracción profesional grave (art. 66.2 b) : causar indefensión al cliente; y art. 66.2.d) No llevar a cabo el encargo profesional, siendo ambos artículos de la NAC).Además, no olvidemos que existe la institución de la prescripción de la pena, prevista en el art. 130.7 CP, y que el abogado defensor no puede renunciar a esta figura bajo la idea conceptual de que tiene que dejar de recurrir las resoluciones procesales que se dicten.Volviendo al supuesto objeto de estudio : si el juzgador dicta una resolución judicial acordando la comparecencia del justiciable (ciudadano condenado) para que el ciudadano sea requerido, esta resolución será notificada al procurador de los tribunales. Además, el juzgador deberá procurar que la oficina judicial cite personalmente –como exige el art. 182.2 LECrim- al ciudadano para que comparezca. Es decir, no será suficiente con la citación a través de la representación procesal, y se tendrá que llevar a cabo una citación personal para que surta plenos efectos la citación, y para que, de forma efectiva, pueda entenderse como correcta la citación formal. Sin embargo, no puede descartarse que si el procurador recibe la citación y la hace llegar al abogado defensor, sean los profesionales los que intenten localizar a su propio cliente para hacerle llegar la información de la existencia de la citación. Ahora bien, si los profesionales no consiguen localizar al cliente, estos profesionales no incurren en ningún tipo de responsabilidad, ya que no se contempla ningún tipo de infracción penal o disciplinaria por el hecho de no poder localizar a un cliente.En todo caso, el abogado tendrá el derecho e incluso el deber de recurrir una resolución judicial que pueda ser perjudicial para los intereses de su cliente (por ejemplo un auto de detención, o una resolución requiriendo para el inicio del cumplimiento de una pena…), ya que en caso de no recurrir dentro del plazo legal se podría tildar de negligente tal actuación profesional. En el caso objeto de enjuiciamiento en el partido judicial de Tarragona, la Fiscalía sostenía que el abogado defensor formuló hasta tres peticiones de indulto ante el Ministerio de Justica, y solicitó en otras tantas ocasiones la suspensión de la ejecución de la pena por mediar la petición de indulto (como contempla el art. 4.3 y 4.4 CP). El Ministerio Fiscal no atribuía ningún otro tipo de conducta al abogado defensor, y a pesar de ello tipificó los hechos como constitutivos de un delito de desobediencia grave y reflejó la participación del abogado defensor a título de autor. Sin embargo, esta tesis procesal del Ministerio Fiscal entendemos que no puede tener cabida, ya que la conducta descrita en el CP y matizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro que es inviable que un tercero ajeno a la obligación de obedecer el mandato judicial pueda responder a título de autor material del delito de desobediencia.De nuevo traemos a colación la STS de 20 de Mayo de 2014, relativa a las obligaciones del abogado, y de esta sentencia destacamos el siguiente pasaje : “Por el contrario, lo que en ningún caso era compatible con las reglas de la profesión de abogado fue la inactividad durante más de un año, manteniendo a sus clientes en la ignorancia de la terminación de las actuaciones penales y, una vez pasado ese tiempo, derivarles hacia otro abogado para plantear en vía administrativa una reclamación de resultado altamente incierto, debido precisamente al transcurso del tiempo, cuando, de haber actuado el abogado diligentemente, tal incertidumbre no se habría planteado en absoluto”. En efecto, el Tribunal Supremo pone de manifiesto que un abogado no puede permanecer inactivo y mantener desinformados a sus clientes. En este caso, se analizaba que un abogado estuvo un año (que era el plazo de prescripción de la acción civil) sin informar a sus clientes de que se podria iniciar una reclamación civil tras la desestimación de la vía penal, pero este razonamiento es plenamente aplicable al supuesto en que un abogado deje de recurrir en el plazo de tres o cinco días (que es el plazo preclusivo para formular un recurso de reforma o apelación) una resolución judicial desfavorable para el cliente en fase de ejecución de sentencia penal. Llegados a este punto, entendemos interesante analizar si existe una obligación por parte del ciudadano condenado de colaborar con la ejecución de la sentencia que le condena a determinadas penas, o si por el contrario rige un sistema de ejecución forzosa como hemos descrito en el apartado anterior.c) ¿ Es necesaria la colaboración activa del condenado para la ejecución de las penas ?.Pasamos a analizar si el condenado por una sentencia penal firme tiene la obligación legal de colaborar activamente para que se lleve a cabo el cumplimiento efectivo de las penas impuestas. Como hemos visto en anteriores apartados la legislación procesal vigente dota de suficientes medidas coercitivas a la autoridad judicial que, en principio, sin la colaboración del condenado, se pueden llevar a cabo la ejecución de las penas impuestas.En efecto, incluso en el supuesto de la imposición de una pena privativa de libertad, el ordenamiento jurídico vigente contempla de forma clara y cristalina la ejecución forzosa mediante el dictado de un auto de detención e ingreso en prisión, así como el acompañamiento de la fuerza pública del condenado hasta el centro penitenciario.El condenado por una sentencia penal firme sabe que tiene la obligación de cumplir las condenas que se le hayan impuesto, y ello de conformidad con el art. 25.2 CE que determina la orientación de las penas “hacia la reeducación y reinserción social”. No obstante ello, entendemos que el ciudadano condenado puede mostrarse ante tal obligación de cumplimiento de condena de dos formas:

a) colaborador y

b) hostil. Es decir, un ciudadano condenado a pena de prisión, con pronunciamiento de responsabilidades civiles, así como la imposición de otras penas privativas de derechos puede actuar de forma activa en la ejecución y colaborar. De este modo, el condenado puede abonar la responsabilidad civil (total o parcialmente), y puede solicitar los beneficios suspensivos (art. 80 o 87 CP) o sustitutivos (art. 88 CP) de la pena de prisión. En relación con las penas privativas de derechos puede proceder a entregar sus licencias administrativas de armas, así como la propia entrega de las armas. Sin embargo, el condenado puede optar por una actuación hostil y tratar de eludir la acción de la Justicia. En este caso, será el órgano encargado de la ejecución de la sentencia quien dicte las resoluciones pertinentes para que pueda ejecutarse el pronunciamiento condenatorio tanto de prisión como de privación de derechos. Es en este segundo escenario, el que denominamos hostil, en el que se debe de valorar si el penado incurre en nuevas responsabilidades por el caso de no presentarse voluntariamente para cumplir la condena de prisión, o si no abona la responsabilidad civil, o la pena de privación de derechos o el pago de la multa. El penado que no cumple voluntariamente inicialmente con la pena de prisión no incurre en ninguna nueva conducta delictiva, ya que el CP tipifica las conductas de quebrantamiento de condena (Arts. 468 a 471 CP) como aquellas que ya se han comenzado a cumplir y que una vez iniciado el cumplimiento se dejan de cumplir. La presentación voluntaria en el centro penitenciario es una posibilidad que ofrece la legislación penitenciaria como alternativa a la ejecución forza (Art. 15.1 Ley Orgánica General Penitenciaria ), pero la norma general es el mandato u orden de ingreso en prisión, es decir, la ejecución forzosa. En relación con las penas privativas de derechos (art. 39 CP) de privación de derecho a conducir (art. 39 d) CP) y privación de derecho a tenencia y porte de armas (art. 39 e) CP) si el penado no inicia voluntariamente el cumplimiento, entendemos que el órgano sentenciador deberá de llevar a cabo los mecanismos de ejecución forzosa pertinentes, que aunque no vienen descritos en la ley procesal, sin duda será acudir al auxilio de la autoridad policial, pero la falta de colaboración del condenado es atípica, y no conlleva sanción de ningún tipo por la ley procesal.

Recordemos la figura jurisprudencia del “autoencubrimiento impune” que nace desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Enero de 1982, que es citada en otra Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Septiembre de 1988 (Ponente D.Ramón Montero Fernández Cid) que relata : “en aquellos supuestos en los que un delincuente, sorprendido en el momento de cometer la infracción o inmediatamente después de perpetrarla y teniendo en su poder, a veces, el cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito sea conminado o requerido por la autoridad o por sus agentes para que se entregue, y lejos de obrar así se da a la fuga y emprende la huida, se ha planteado el problema de si tal conducta entrañaría desobediencia del artículo 237 del Código Penal o si, por el contrario, no debería punirse” para seguir indicando que “seguidamente hace referencia dicha, sentencia a las razones de la doctrina científica, y en apoyo genérico de esta ausencia de antijuridicidad invoca la impunibilidad ex artículo 334 del Código Penal en la evasión del detenido, la del citado no comparecido, la no incurrencia en él delito de falso testimonio y la no producción de delito de desobediencia, para el procesado rebelde, y para el supuesto concreto en que se produjo la decisión sienta la doctrina correcta y que se ratifica de que el emprender veloz huida desatendiendo los requerimientos de los agentes de la autoridad no fue sino el estado o secuencia terminal del delito que generó el requerimiento”. Por lo tanto, invocando esta doctrina jurisprudencial entendemos que el reo condenado no tiene la obligación de colaborar activamente con la ejecución tendente al cumplimiento de las penas, y que tal falta de colaboración no puede ser encuadrable en un delito de desobediencia.

V.- Principio de intervención mínima del Derecho Penal.

El principio de intervención mínima es un principio informador del Derecho Penal, que en esencia, significa que el Derecho Penal no sólo no puede emplearse en defender intereses minoritarios y no necesarios para el funcionamiento del Estado de Derecho, pues entonces no merecen ser protegidos con tan grandes medidas coactivas sin perjuicio de que sean o no respetables, sino que ni tan siquiera es adecuado recurrir al Derecho penal sus gravísimas sanciones si existe la posibilidad de garantizar una tutela suficiente con otros instrumentos jurídicos no penales .El abogado que formula recursos procesales dentro del plazo legal, así como el abogado que solicita medidas de gracia e indulto previstas en la legislación vigente, entendemos que nunca puede estar cometiendo un delito de desobediencia a título de autor o a título de cooperador necesario. En efecto, por razones del principio de legalidad y del principio de tipicidad, únicamente aquellas conductas tipificadas como delito pueden ser encuadrables en ella, y en el caso que nos ocupa no existe ninguna conducta en el Código Penal que contemple como delictiva la actuación procesal de los profesionales del Derecho.

En cualquier caso, recordemos que la desobediencia puede ser delito si es grave (art. 556 CP), o en caso de ser leve puede estar tipificada como falta del art. 634 CP. En el supuesto de la falta, y en relación con conductas de abogados, la STS de 23 de Diciembre de 2002, nº 2136/2002, ha puesto de relieve que la conducta de un letrado debe ser sancionada por la vía disciplinaria procesal. Esta STS absolvió de un delito de desobediencia a un Letrado que no quiso entrar en sala para celebrar un juicio, tras ser requerido para ello, y razonó : “para sancionar las conductas, no constitutivas de delito, de los Abogados y Procuradores en el proceso, resulta de preferente aplicación la vía disciplinaria configurada en los arts. 448 y ss. de la L.O.P.J. , respecto de la vía penal del juicio de faltas. Toda vez que aquella vía ha venido a ser establecida “al servicio de bienes y valores constitucionales reconocidos por los arts. 20,1 a) y 24 CE y ofrece a los Abogados por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa una mayor garantía que la del juicio de faltas”. El art. 684 de la Lecrim únicamente excluye de la potestad disciplinaria del Presidente las infracciones que constituyan delito (párrafo 1º y 4º). En consecuencia, respecto de las faltas, tanto las que pudieran integrarse por perturbación del orden (art. 633 C.Penal 1995) como por faltas del respeto y consideración debida a la autoridad judicial o por desobediencias leves a la misma (art. 634), ha de entenderse que si son cometidas por los Abogados que intervienen en las actuaciones judiciales, la vía disciplinaria procesal excluye la aplicación del procedimiento penal”.Es decir, esta jurisprudencia se hace eco del principio de intervención mínima, y postula la no aplicación del Código Penal en favor de la aplicación de la vía disciplinaria procesal, debe ser valorada como una manifestación más del carácter excepcional del Derecho penal, si existen otros remedios legales. En este sentido, debemos de destacar la existencia del art. 247 Ley de Enjuiciamiento Civil que regula las denominadas “reglas de la buena” (art. 247.1) y la posible imposición de multas si se conculcan estas reglas de buena fe (art. 247.3) e incluso la posibilidad de dar traslado de la actuación de abogados y procuradores a los Colegios profesionales por si procede una sanción disciplinaria (art. 247.4). Como bien sabemos, la LECiv es plenamente aplicable de forma supletoria a la LECrim (art. 4 LECiv). Este precepto de la LECiv es muy ilustrativo sobre los mecanismos propios que existen dentro del proceso para resolver determinadas actuaciones de abogados y procuradores en un procedimiento judicial, sin necesidad de acudir necesariamente a la vía penal.

VI.- Conclusiones

Entendemos que el delito de desobediencia grave en la modalidad de desobediencia judicial consiste en una acción u omisión tendente a no obedecer una concreta resolución judicial por parte del sujeto activo del delito. Para que concurra el tipo delictivo es necesario que el sujeto activo del delito conozca de primera mano la existencia de la resolución judicial, es decir, que la autoridad judicial le notifique de forma personal y directa la existencia de la resolución con un contenido claro y determinado, bajo la advertencia de que en caso de no cumplirlo podrá incurrir en un delito de desobediencia.Ahora bien, en el caso objeto de este estudio estamos en el escenario procesal en el que existe una sentencia penal firme, y por lo tanto ejecutiva, que contiene pronunciamientos condenatorios consistentes en la imposición de determinadas penas. La primera duda que se suscita es si los ciudadanos condenados están obligados a cumplir voluntariamente con las penas impuestas, es decir, si el ciudadano está obligado a llevar a cabo actos para cumplir la condena, y si tal falta de voluntariedad podría comportar al ciudadano algún tipo de responsabilidad penal como por ejemplo cometer un delito de desobediencia.

La segunda duda que se plantea es si el abogado defensor del ciudadano condenado por una sentencia penal, puede participar en el hipotético delito de desobediencia que cometa su cliente (ciudadano condenado).La conclusión a la que se llega es que un abogado no puede cometer a título de autor material un delito de desobediencia grave cuando un cliente defendido por el profesional de la abogacía no cumple voluntariamente con los pronunciamientos condenatorios de una sentencia condenatoria firme. En efecto, únicamente el propio ciudadano condenado tendrá la obligación de cumplir la sentencia, mientras que su abogado será el defensor en la fase de ejecutoria para solicitar la concesión de los beneficios legales previstos para evitar el cumplimiento de las penas. Dentro de las obligaciones que tiene el abogado defensor no se encuentra la de notificar a su cliente las resoluciones judiciales, ya que esta misión está reservada para el procurador de los tribunales. Además, la ley procesal exige que determinadas resoluciones judiciales se notifiquen personalmente al ciudadano (Art. 182.2 LECrim). En efecto, únicamente en este escenario de notificaciones personales al ciudadano podremos entender que el ciudadano pueda ser responsable de algún tipo de responsabilidad penal, siendo más que discutible que tal responsabilidad sea encuadrable en un delito de desobediencia, por aplicación del principio de intervención mínima.Entendemos que el ciudadano que no cumple voluntariamente con el inicio del cumplimiento de las penas impuestas se verá abocado a padecer la ejecución forzosa, a través de los mecanismos legales previstos : auto judicial de detención, auto judicial de ingreso en prisión, auto judicial que acuerda la sustitución de la pena de multa por pena de arresto por impago de la multa u otro tipo de resolución desfavorable. Dentro de las exigencias del deber de lealtad del abogado para con el cliente, como hemos visto, está el de aplicar la solución al problema según la lex artis, y por ello, un abogado defensor tiene el deber de recurrir las resoluciones desfavorables, y ello a pesar de que los recursos no tengan efectos suspensivos. Sin embargo, el abogado defensor está obligado a formular el recurso –como manifestación del derecho de defensa y como manifestación del deber de lealtad hacia el cliente-.El abogado defensor del ciudadano nunca podrá ser autor material del delito de desobediencia, y mucho menos si la conducta del abogado consiste en formular los recursos legales contra las resoluciones judiciales que se dicten (como al parecer sostenía la Fiscalía de Tarragona en su escrito de conclusiones provisionales). En efecto, el delito de desobediencia es un delito que pertenece a los delitos de propia mano, y por lo tanto únicamente el ciudadano obligado a cumplir una obligación personal podrá cometer este delito.

Ahora bien, no es descartable que el abogado pudiera inducir a su cliente a que cometa un delito de desobediencia si el abogado ofrece al ciudadano condenado un asesoramiento tendente a provocar en el ciudadano un ánimo desobediente para con la orden o mandato judicial. Es decir, el único escenario posible para que un abogado incurra en una inducción de un delito de desobediencia judicial consistiría en que el profesional de la abogacía asesore a su cliente de forma que el ciudadano acabe no cumpliendo con una obligación que le haya sido notificada de forma personal y directa. Ahora bien, para que concurra la inducción deberá ser el abogado quien ofrezca la posibilidad de desobedecer el mandato a su cliente, y que el cliente no se hubiera planteado ya esta opción. En efecto, si el ciudadano ya tenía la idea de no cumplir la pena, el abogado no será inductor.

No cabe hablar de participación a título de cómplice o a título de cooperador necesario, por cuanto el delito de desobediencia no permite estas formas de participación. En efecto, se hace difícil atisbar la participación de un tercero en el delito con un acto de participación pero no esencial como se exige para la complicidad. Del mismo modo, no vemos viable una participación con un acto esencial y determinantemente relevante en el delito de desobediencia judicial como se exige para el cooperador necesario .En último término, en el caso de que el ciudadano condenado fuera requerido personal y directamente por el órgano jurisdiccional para, por ejemplo, entregar el carnet de conducir y no efectuara tal entrega del carnet de conducir, entendemos que estaríamos en el escenario de una actuación procesal inexistente por falta de previsión legal. En efecto, las leyes procesales no regulan la forma en que el secretario judicial debe proceder a la inmediata retirada del carnet de conducir –como exige el art. 794 LECrim-, pero lo que está claro es que las leyes procesales no contemplan la obligación de requerir al penado para que lo entregue, bajo la advertencia del delito de desobediencia.Por lo tanto, entendemos que la conducta de no entregar el carnet de conducir para iniciar el cumplimiento de la pena privativa del derecho a conducir vehículos a motor no es tipificable como delito de desobediencia, ni como ningún otro delito. Del mismo modo, no entendemos viable condenar a un abogado como autor de un delito de desobediencia (ni como inductor ni como cooperador necesario) en el escenario procesal dibujado por el Ministerio público de Tarragona, por cuanto el abogado defensor únicamente ejercitará el derecho de defensa del ciudadano, en la forma prevista en la lex artis (ejercitando recursos procesales, planteando solicitudes de indulto, o peticiones suspensivas o sustitutivas de penas), pero jamás esta conducta procesal será subsumible en el tipo penal de desobediencia judicial.

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca