El día 28 de julio de 2020, se publicó en el BOE la Ley 2/2020 por la que se ha modificado el tan polémico (desde la anterior reforma del año 2015) artículo 324 LECRIM. Este artículo no pretende abordar el debate que ya se inició con la reforma anterior, sobre la conveniencia o no de limitar los plazos de la instrucción; únicamente nos centraremos en los elementos más substanciales de la citada reforma. Vaya por delante destacar, que si bien el redactado actual es perfectible, es un paso en la buena dirección y mejora muchísimo la regulación precedente de 2015 por las siguientes razones:Primera, se corrige el intolerable ninguneo – de dudosa constitucionalidad – hacía la abogacía, puesto que anteriormente la reforma solo podía ser adoptada si únicamente el Ministerio Fiscal así lo solicitaba, vulnerando claramente el principio de igualdad de armas.Segunda, a pesar de que ya era conocido en la práctica jurisprudencial, se positivizan las consecuencias de practicar diligencias fuera del plazo, distinguiendo naturalmente, entre aquellos supuestos en que las diligencias habían sido admitidas antes o después de la expiración del plazo instructor.Tercera, se simplifica la norma abandonándose el concepto de complejidad legal entendida como unos numerus clausus (de los cuáles mucho son conceptos jurídicos indeterminados), por otro sistema más flexible y receptivo a otras circunstancias igual – o más – importantes.No compartimos sin embargo, el que haya tenido que aumentarse el plazo ordinario de la instrucción pasando de seis meses (en la redacción de 2015) a un año. Pues como la propia exposición de motivos de la Ley 2/2020, apunta, el proceso penal es ya una pena en sí misma. Pueden hacerse cuantas reformas legales guste en aras a agilizar la Justicia; pero como por todos es sabido los únicos operadores legales que cumplen con los plazos legalmente establecidos (o que incumpliéndolos son los únicos que no salen impunes) son los abogados y procuradores, no el sector público. Un ejemplo indiscutible de ello – aunque da para otro artículo – son los denominados juicios rápidos, cuyo art. 800.3 LECRIM establece que el juicio deberá celebrarse en no más de 15 días ¿Cuándo fue la última vez que se vio cumplida esa previsión? Los plazos legalmente establecidos serán sistemáticamente incumplidos por el Poder Judicial hasta que los endémicos defectos estructurales de plantilla sean finalmente corregidos; la única solución que atisbamos para una Justicia rápida, que no es sino la verdadera Justicia que promulga el art. 1.1 CE.De la misma forma el propio redactado del art. 324 LECRIM anterior amparaba la vulneración del plazo ordinario de seis meses, y así era en la práctica por ser insuficiente. La nueva previsión está más cercana a la realidad. Eso sí, una realidad que no por es respetuosa con el espíritu constitucional del art. 1.1 CE, pues como ya dijo Lucio Anneo Séneca “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

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