Llevamos casi más de dos años escuchando y leyendo sobre “compliance” y como la gran mayoría de despachos de abogados atribuyen la capacidad de poder “fabricar” estos llamados “compliance”. Ahora bien, si leemos con rigor arte. 31 bis del Código Penal en vigor desde el día 1 de julio de 2015 podremos aclararnos técnicamente sobre qué quiere el legislador.

El Art. 31 bis CP define la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando habitualmente leemos “compliance” muchos despachos y profesionales quieren hablar de la previsión del art. 31 bis.1 a) CP en relación con el art. 31 bis.2 CP. En efecto, nuestro despacho siempre escribe y habla desde la letra de la ley y máximo cuando estamos en Derecho penal (Derecho criminal por nosotros, ya sabéis que el Derecho penal es el Derecho que estudia las penas y el Derecho criminal es la rama del Derecho que estudia el crimen). Es decir, si atendemos a la letra de la ley fija como condición que el órgano de administración haya adoptado y haya ejecutado antes de la comisión del delito -elemento temporal importante- ” modelos de organización y gestión ” (lo que nosotros llamamos MOG) tal y como podemos leer en el art. 31 bis.2 condición 1ª CP. Y dentro del MOG algunos de los requisitos que este ” Modelo de Organización y Gestión ” debe cumplir obligatoriamente es lo que muchos profesionales llaman “compliance” (art. 31 bis.5 requisitos 2º, 3º y 5º CP).

El “compliance” es una figura que deriva de los ordenamientos jurídicos anglosajones -donde el idioma y la cultura jurídica son bastante diferentes a nuestra cultura mediterránea-. La cultura del “compliance” o la cultura del cumplimiento normativo (requisitos 2º, 3º y 5º del art. 31 bis 5 CP) en allí la tienen bastante más arraigada que nosotros, y en allí el cumplimiento normativo dentro de las grandes personas jurídicas va ligado al concepto de seriedad y buena imagen corportatiu. El MOG es algo más amplio que la cultura del cumplimiento normativo, ya que el MOG tendrá una finalidad procesal en el procedimiento penal: conseguir exonerar la persona jurídica de la condena penal.

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